Asamblea Nacional de Representantes de Profesores ante Consejos Superiores y Académicos de Universidades Públicas – ARPUP
Por la defensa de la educación superior pública y la dignidad del profesor universitario
DECLARACIÓN PÚBLICA
Los Representantes profesorales ante los Consejos Superiores y Consejos Académicos de las universidades públicas del país, nos hemos reunido para discutir las preocupantes políticas de desfinanciación del sistema universitario público y las medidas que afectan la dignidad de los profesores, comprometiendo sensiblemente el derecho a la educación y afectando su calidad. Las comunidades académicas de estudiantes, profesores y directivos universitarios a nivel nacional vienen adelantando acciones reflexivas en torno a este grave problema. ARPUP respalda firmemente la movilización de las universidades de Antioquia, Industrial de Santander y de Caldas, que a través de la figura de Asamblea Permanente enfrentan con valor civil la arremetida del gobierno nacional en contra del derecho a la educación superior pública y la vulneración a la dignidad del trabajo profesoral. De igual manera, se hace extensiva una manifestación de apoyo a universidades como la Pedagógica Nacional, Tolima, Valle, Cauca, del Pacífico y otrasque han convocado movilizaciones como los pupitrazos, tareas de divulgación y difusión de la problemática a las comunidades universitarias, convocatorias a asambleas, entre otras.
Ante esta preocupación común, manifestamos a la opinión pública colombiana y en especial a las comunidades universitarias que:
1. La inviabilidad financiera de las universidades públicas es un hecho evidente. Entre los años 2016 y 2017 las IES públicas dejaron de recibir $808.165 millones, provenientes de los denominados recursos CREE, que fueron redestinados al programa Ser Pilo Paga -SPP. En el 2018, para el Fondo SPP I y II, el ICETEX recibió como apropiación inicial $769.115.348.048. La adición presupuestal a las IES públicas para 2017, por efecto de la Reforma Tributaria, NO compensó el incremento de la nómina por encima del IPC y mucho menos la pérdida del antiguo CREE.
El desfinanciamiento progresivo impide a las universidades públicas mejorar la oferta académica y ampliar de manera responsable la cobertura, entre otras razones, porque la modificación efectuada al modelo de Aseguramiento de la Calidad, Decreto 1280 de 2018, genera un escenario en el cual las universidades privadas pueden competir en mejores condiciones.
Las medidas adoptadas por el gobierno nacional en unión con el Legislativo, profundizan la crisis de financiamiento de las IES públicas toda vez que leyes como la de Financiación Contingente al Ingreso, liberan al Estado de su responsabilidad frente al derecho a la educación superior pública. Una vez más, se fortalece el subsidio a la demanda en desmedro de la oferta pública de educación, en otras palabras, la educación superior deja de ser un derecho, para convertirse en un bien transable (mercancía). A la postre, una gran cantidad de universidades privadas resultan claramente favorecidas con recursos públicos.
Una vez más el MEN incumple compromisos como el de reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para garantizar el funcionamiento de las IES públicas. Los estudios técnicos realizados desde el 2009 por parte del Sistema Universitario Estatal – SUE, han logrado demostrar con creces la necesidad urgente de modificar favorablemente estos artículos.
Los enormes esfuerzos desplegados por las universidades públicas para acreditar sus programas e instituciones, obliga a la inversión de gran cantidad de recursos que finalmente no son objeto de compensación o de reconocimiento por parte del gobierno. Se ha demostrado, con criterio técnico y rigor estadístico, que se ha elevado de manera significativa la cobertura y la calidad de la oferta académica sin que por parte del gobierno se destinen los recursos necesarios. Por el contrario, se han disminuido progresivamente los recursos que aporta la nación a las universidades públicas, de tal manera que entre 1993 y 2016 se ha reducido en más de un 50% el aporte anual de la nación por estudiante.
2. La dignidad del profesor universitario ha sido severamente golpeada con una serie de acciones gubernamentales entre las que se cuentan las altas deducciones de los ingresos del profesorado por retención en la fuente e impuesto de renta tras la reforma tributaria de 2016 (Ley 1819 del mismo año) que ha elevado los aportes tributarios hasta por encima del 1000%; la iniciativa de reforma de la carrera docente emprendida por el pasado gobierno para desmontar el reconocimiento de puntos salariales por productividad y méritos académicos y fijar topes salariales por categoría en el escalafón universitario; la insuficiencia de las adiciones presupuestales para cumplir los compromisos de formalización laboral de los profesores ocasionales y de cátedra; la disminución de apoyos destinados a la investigación y el desmonte de medios de publicación nacionales necesarios para la promoción y ascenso en la carrera docente (reducción de categoría o desclasificación de revistas). Considerando el ya deteriorado salario de los profesores de las universidades públicas y la pérdida de poder adquisitivo en razón de los aumentos salariales ponderados entre los años 2000 y 2004, el efecto directo que se sigue de estas acciones es una pauperización de la calidad de vida de los profesores, un desmejoramiento de las condiciones para el ejercicio digno de su labor, una sensible disminución del estímulo para la producción académica e incluso una diáspora de profesores altamente calificados. Esto afecta con toda seguridad la calidad del desempeño académico deteriorando ostensiblemente la oferta educativa, comprometiendo la sostenibilidad de las universidades públicas y la movilidad social.
En consecuencia, exigimos al gobierno nacional instalar una MESA DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN con ARPUP para acordar y garantizar:
- Adición presupuestal inmediata para solventar la crítica situación financiera de las IES públicas a diciembre de 2018.
- Trámite urgente a una Reforma consensuada de los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 (IPC+4 puntos).
- Desmonte del programa Ser Pilo Paga.
- Recuperación del Impuesto a la Renta y Complementarios (Antiguo CREE) para las IES públicas.
- Destinación inmediata a las IES oficiales de la totalidad de los recursos de renta, IVA social y cooperativas definidos por ley para la Educación Superior.
- Revertir, con carácter urgente, las obligaciones en materia tributaria exigidas en el presente año en la declaración de renta correspondiente al 2017 y el restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 206 numeral 7 del Estatuto Tributario que exime de renta el 50% de los gastos de representación en los ingresos de los profesores universitarios, sin perjuicio de las demás exoneraciones de ley.
- La inmediata transferencia de recursos suficientes para adelantar significativamente la formalización de las plantas docentes (ocasionales y catedráticos), con base en el informe entregado por las universidades el 31 diciembre de 2015.
- La apertura de una nueva convocatoria para la clasificación de revistas con criterios que permitan la inclusión de publicaciones de alta calidad académica que perdieron su indexación por los arbitrarios y desproporcionados filtros de la convocatoria de 2017, elaborada con el fin encubierto de excluir de su reconocimiento importantes órganos de difusión de la investigación en Colombia y la consecuente limitación de acceso a medios de mejora salarial por productividad académica de los profesores.
Denunciamos y rechazamos las arremetidas que se vienen adelantando en contra de líderes profesorales y de otros sectores, integrantes de las organizaciones sindicales, generando despidos injustificados y auténticas masacres laborales. Exigimos el respeto a la vida, la libertad de expresión, al derecho de asociación y demás garantías para la movilización y la protesta social.
Hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad colombiana, en especial al estamento estudiantil universitario, a las asociaciones sindicales y gremiales y a todos los profesores en general para respaldar y generar procesos de fortalecimiento de la calidad de la educación superior con garantías para su financiación, dignificando la labor de los profesores.
Como parte del plan de acción ARPUP convoca a profesores, estudiantes, empleados, trabajadores y egresados a participar decididamente de la movilización que hemos denominado DÍA D (Día de la Dignidad Universitaria por el derecho a la Educación Superior Pública), prevista para el martes 11 de septiembre.
Riohacha, 31 de agosto de 2018. Universidad de La Guajira
