El Consejo Superior de la Universidad de Nariño manifiesta ante la comunidad universitaria, las autoridades nacionales y la opinión pública su respaldo a la reforma del modelo de financiamiento de la educación superior pública que cursa trámite en el Congreso de la República a través del Proyecto de Ley 0212 de 2024, la cual busca fortalecer las garantías del ejercicio de las universidades y de las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias del país en materia de financiamiento.
Consideramos que esta iniciativa constituye un paso necesario para superar las limitaciones estructurales que durante décadas han afectado a las Instituciones de Educación Superior, estableciendo un esquema presupuestal progresivo y acorde con los costos reales de operación, infraestructura, investigación y desarrollo institucional, lo cual permitirá cumplir con mayor solidez sus funciones académicas y sociales.
Resaltamos su orientación hacia el cierre de brechas regionales, fortaleciendo sedes, programas y servicios en territorios históricamente desatendidos. En este sentido, instamos a que se garantice el principio de equidad como obligación de asignar recursos ajustados a las realidades territoriales y a los costos reales que enfrentan las universidades públicas de orden descentralizado, de modo que el financiamiento responda a las condiciones específicas de cada institución y región.
Asimismo, valoramos que la propuesta contemple mecanismos de participación y transparencia en la asignación y uso de los recursos, con criterios claros de rendición de cuentas y control social que fortalezcan la legitimidad del sistema y garanticen la inversión responsable del presupuesto público.
El Consejo Superior Universitario de la Universidad de Nariño hace un llamado a los miembros del Congreso para que aprueben el día martes 23 de septiembre esta reforma con responsabilidad y celeridad, incorporando de forma sólida los principios de equidad territorial y transparencia, y al Gobierno Nacional y al Ministerio de Educación para que aseguren los recursos necesarios y mantengan un diálogo permanente con las universidades públicas para una implementación gradual, equitativa y técnicamente sólida.
Reiteramos nuestro compromiso con una educación superior pública, gratuita en la mayor medida posible, de calidad y con enfoque territorial, convencidos de que esta reforma representa una oportunidad histórica para fortalecer el financiamiento de la educación superior y contribuir al desarrollo equitativo del país.
COMUNICADO DEL CONSEJO SUPERIOR
