Declaración de egresados de Rudecolombia en favor de la educación y los educadores

Es ampliamente conocido que muchos de quienes abandonan a este recorrido escolar lo hacen porque no cuentan con recursos para su sostenimiento material ni razón motivacional dentro de él, estas cifras revelan que paradójicamente el sistema educativo se ha convertido en un eficaz mecanismo de exclusión social. No sobra preguntarse ¿qué sucede con aquellos que no ingresan al sistema educativo? Podemos estar pensando en más de 300000 niños, de los cuales casi la mitad están en zonas dónde el conflicto armado ha sido álgido pero todos ellos son víctimas de la pobreza a la que estarán condenados de por vida. A ellos hay que agregar los que se han quedado en el camino. En Colombia se mantiene una tasa de analfabetismo de alrededor del 5%, lo cual equivale a más de dos millones de personas.

La educación es una responsabilidad del Estado- que en el caso colombiano ha sido declarado como Estado Social de Derecho- en tanto que el Estado es la máxima organización de la sociedad reunida alrededor de la idea de nación.

Sin embargo, incluso entre quienes se sostienen dentro de la educación institucionalizada hay oprobiosas discriminaciones. Por ejemplo, la educación rural aparentemente cuenta hoy con una gran cobertura, aun así, las circunstancias de aislamiento y pobreza en el campo, la precaria infraestructura de las instalaciones educativas en el sector rural y el modelo de contratación de maestros, disminuye el tiempo de permanencia de los niños campesinos en la escuela y en general los pone en desventaja frente al resto de la población.

En la historia de la pedagogía en América Latina, acogiendo las propuestas de Rousseau o Simón Rodríguez, hubo quienes recomendaron que la educación de los niños se realizara en estrecha relación con la naturaleza. No obstante, en las circunstancias de precariedad del campo colombiano, los niños están expuestos a ser cautivados con mayor vigor por los negocios ilícitos, el ejercicio de la violencia o la emigración hacia el espejismo de la ciudad.

Los maestros, sin embargo, se comprometen con su misión, enfrentan a muchas adversidades, incluidas amenazas de muerte pero se sobreponen a ellas. Los maestros rurales son creativos y comprometidos con la protección de la naturaleza y con la cultura propia de las comunidades indígenas, afrodescendientes y las comunidades campesinas en general. Ellos merecen una gran admiración y reconocimiento de la sociedad. Así pues, las precariedades de la educación rural están determinadas por los problemas estructurales de la sociedad colombiana, que han establecido a una marcada inequidad entre la vida rural y la vida urbana.

Actualmente muchas instituciones educativas urbanas cuentan con restaurante escolar y con cierta infraestructura educativa. Mas también en las zonas urbanas la situación es compleja. Veamos: en términos generales algunas teorías pedagógicas invitan a hacer énfasis en la cognición para, desde allí, fortalecer a los valores éticos y estéticos como lo sugieren el constructivismo o la teoría del conocimiento significativo, mientras que otras proponen un camino inverso, como lo hacen las pedagogías críticas o las que hoy promueven el énfasis en los afectos. Cualquiera de las dos opciones es válida y los maestros, desde su compromiso social, son sensatos y recursivos para conjugarlas. Los maestros tienen un gran saber pedagógico o, si se prefiere, todos son expertos en didáctica. No obstante, debido a que en amplios sectores de las ciudades también campea la pobreza y con ella también abren sus fauces los negocios ilícitos y la violencia, muchas veces asistir a la escuela es un asunto de supervivencia para los estudiantes y de alto riesgo para los maestros. Los maestros cargan sobre sus hombros una alta responsabilidad moral y sin embargo nunca se arredran. Los maestros urbanos merecen que se les valore y se les reconozca el trascendental papel que desempeñan en la sociedad.

Muchas familias pobres envían a sus hijos a la institución escolar y no tienen otras opciones para atenderlos en su casa, en cambio las familias de clases media o alta tienen alternativas distintas y variadas, lo cual es plausible. No obstante, así se abre otra paradoja que impone socialmente a una distribución inequitativa de oportunidades educativas. A nivel urbano la educación también está cruzada por la necesidad de superar a la exclusión social y económica.

Hace 24 siglos, en un aparte de su libro La República, Platón indicó, a manera de lo que hoy denominamos currículo, lo que consideraba que debían ser las pautas para educar a quienes de antemano estaban destinados a ser gobernantes. Pareciera ser que desde el Estado colombiano se siguiera promoviendo ese rasgo de la educación platónica reservando a la educación para quienes puedan pagarla y que parecieran estar destinados a ingresar a una supuesta casta de gobernantes o a perpetuarse dentro de ella.

La educación básica bajo responsabilidad del Estado requiere mayores recursos para el bienestar estudiantil, para la infraestructura, para la tecnología educativa, para el mejoramiento continuo de la formación profesoral y, por supuesto, para la remuneración digna de los docentes pero ¿Cómo puede llegar a ser la educación un factor de real promoción de la equidad social si solo se le dedica el 15,87 % del Presupuesto Nacional al tiempo que para gastos militares se destina el 13,4% más buena parte de los nuevos endeudamientos externos? Ha sido una de las costumbres, de la dirigencia estatal a lo largo de la nuestra historia, tratar y administrar a los problemas del gobierno y de la sociedad como si se tratara de un campo de guerra, en las que la política y la protesta social se manejan precisamente con los criterios de una guerra.

El mismo gobierno que propició a la Comisión de Ciencia y Tecnología, que tan sensatas recomendaciones hizo en su momento, también propició a la ley 30 de 1992, que ciertamente dio un giro de la universidad de tradición napoleónica o exclusivamente profesionalizante hacia la práctica de al menos ciertos tipos de investigación, inspirada en la concepción alemana decimonónica de universidad.

Sin embargo, el presupuesto destinado a la investigación y a la educación superior en general no solo no fue el deseable sino que se creó una fórmula que generó ilusiones para la financiación prospectiva por limitada que siguiera siendo. Al mismo tiempo se produjeron presiones de crecimiento cuantitativo para mostrar cifras en cobertura vigiladas por el dispositivo de la acreditación de los programas y de las instituciones educativas, que en el fondo condiciona la asignación de presupuesto.

De esta manera, con el consabido desdén por la educación como factor de desarrollo con equidad, se convirtió en norma a la limitada financiación de la educación en general hasta hacerla llegar a bordes críticos como la desfinanciación que hoy lastra a las universidades públicas.

El Estado busca chivos expiatorios y ha llegado a responsabilizar al régimen salarial de los profesores. Al mismo tiempo le exige cada vez más gestión de recursos propios a las universidades o les exige disminuir al gasto y, a tono con una lógica de mercado, declara que la educación es un servicio comercial, igual que cualquier otro producto en el mercado.

Aun reconociendo que en el mundo se han complejizado las relaciones de intercambio entre las culturas y las naciones, una educación pertinente para los colombianos debe orientarse a educar ciudadanos que construyan democracia, que propicie la emancipación de los individuos y la construcción de una nacionalidad equitativa y respetuosa de los ecosistemas que le permiten pervivir y convivir.

La universidad pública requiere sacudirse el clientelismo que la asedia como entidad empleadora y afianzar su autonomía para trazar sus propósitos educativos en tanto que campo privilegiado para la reflexión y para la creación de saber y conocimiento y, además, requiere mayor presupuesto para fortalecer la investigación, las condiciones de infraestructura y de tecnologías adecuadas, para el bienestar universitario, para la proyección social, para la formación profesoral y para la remuneración digna de la labor docente e investigativa.

Los conflictos que padece Colombia son hondos y no parecen tener solución fácil ni cercana pero es evidente que la guerra interna no los podría solucionar. Antes de haber perdido los últimos 25 años a los que se refirió el doctor Llinás, ya habíamos perdido muchos otros años en que toda la sociedad colombiana resultó involucrada en guerras civiles, desde la llamada Patria boba a comienzos del siglo XIX, hasta nuestros días sin que hayamos salido aún de ese terrible letargo.

Nos queda la vía de la reconciliación para abordar los conflictos de otra manera y, para ello, la educación es una herramienta indispensable. Es necesario que el estado colombiano le otorgue prioridad axiológica y presupuestal a la educación; que trace políticas reales de prioridad a la educación y disponga del presupuesto necesario para alcanzarlo. Ya que se afirma como un gran logro el ingreso a la OCDE, incluso. para ser coherentes con ello, Colombia debería destinar al menos el 2.4% del PIB a la ciencia y la tecnología, tal como lo hace el promedio de los países de este grupo.

El maestro Carlos Eduardo Vasco, un teórico de la Educación, quien también hizo parte de la ya mencionada Comisión de Ciencia y Tecnología, considera que la Educación es la institucionalización de algunos aspectos de la Formación y que la Formación es el proceso de compenetración de un individuo con su entorno cultural. En esa dirección vale la pena llamar la atención de algunos componentes del entorno que inciden en la Formación de los colombianos, por ejemplo: los medios de comunicación, las iglesias, las empresas, las agremiaciones, por supuesto, la familia, etc. Todas estos ámbitos sociales deben comprometerse con una cultura de la reconciliación ciudadana porque aunque las instituciones educativas hagan muchos esfuerzos por la Formación ciudadana, esos esfuerzos se corroen y pervierten si una o más de las anteriores instancias insisten en la frivolidad desbordada, la intolerancia, la mezquindad o la deshonestidad. La Educación vive la paradoja de ser responsable en alto grado de la Formación de los ciudadanos y sin embargo no es la única institución responsable de dicha Formación.

Se acusa irrespetuosamente a la universidad pública de estar ideologizada, pero, muy al contrario, los docentes universitarios propiciamos al pensamiento crítico, que consiste en aprender a contrastar conceptos, elaborar argumentos y a tomar decisiones con responsabilidad ética y compromiso social. En cambio, los detractores de la universidad pública proclaman que es impajaritable incorporar a la educación a las leyes del mercado y que por lo tanto los contenidos educativos deben orientarse hacia aquellos que propicien prioritariamente a la obtención de rentabilidad. Es evidente que es esa ideología grosera del mercado la que paulatinamente insiste en imponerse y privatizar a la educación universitaria.

A la universidad pública la están presionando para que se comporte como un sector económico entre otros, y que se organice y actúe como una empresa preocupada por sus “accionistas”, sus “clientes”, sus indicadores de competitividad y sus modelos organizacionales centrados en los procedimientos, los formatos y los indicadores de resultados. Se está cambiando a la excelencia, en relación con el saber y el conocimiento; en relación con una ética solidaria y de contenido social, por el “listado de protocolos, procedimientos, evaluaciones y rankings de certificación”, según los modelos ISO, que ponen el acento sobre la llamada “calidad”, en términos de “cumplimiento de los requisitos”.

Las nuevas maneras de nombrar a la educación están cruzados, además, por los lenguajes de la preocupación por la “rentabilidad, la eficiencia y la eficacia”, haciendo coro con los objetivos de poner a la educación como un “renglón” económico más del mercado mundial.

Todo ello da como resultado procesos de privatización (no solo en el sentido estricto jurídico de la titularidad de la propiedad, sino, justamente, en la incorporación de las prácticas, modelos, procesos y estructuras organizativas de la empresa) y pérdida de la autonomía universitaria.

En la actual coyuntura el Sistema Universitario Estatal SUE llamó la atención sobre la desfinanciación de las instituciones de educación superior; los profesores universitarios han detallado públicamente los antecedentes jurídicos y políticos de la situación, los estudiantes han expresado los síntomas que vivencian y varios sectores de la sociedad han señalado al malestar que todo esto implica. El diagnóstico está hecho.

No compartimos que se desfinancie a la universidad pública ni que sus recursos sean transferidos hacia la educación privada ni que se descarguen sus costos, de por sí ya muy altos, (de acuerdo con todas las nuevas exigencias que hace el Estado en certificaciones y acreditaciones) sobre las familias, el salario de los docentes y la pérdida de las tareas estratégicas de la universidad en relación con la investigación, la innovación y la articulación del saber con la sociedad y, por su puesto, con las tareas de construir un mejor país.