El tejido social es una malla de interacciones entre los ciudadanos; son consistentes cuando hay reconocimiento y respeto por el otro. En Colombia, históricamente la exclusión y el no reconocimiento de ciertos sectores sociales por parte del Estado, ha sido uno de los factores generadores de violencia y resquebrajamiento del tejido social. Desde la constitución del Estado-nación el tejido social presentó síntomas de debilidad pues al considerar teóricamente a Colombia como una “nación homogénea” sustentada bajo el principio de igualdad, en la vida práctica excluyó a indígenas, a afrodescendientes y a otros sectores sociales; desde entonces el tejido social se debilitó y lo más grave fue que se mantuvo hasta muy avanzado el siglo XIX la estructura de castas propia de una sociedad señorial-colonial. Posteriormente, la época de violencia fragmentó aún más a la sociedad y últimamente el conflicto armado dividió profundamente a los colombianos.
En consecuencia, el tejido social hay que repararlo, recomponerlo, mediante la inclusión, la promoción de los derechos humanos, la tolerancia, el respeto, el mejoramiento de la calidad de vida de las víctimas mediante la promoción de la justicia social y la “justicia cognitiva”. Este último aspecto tiene que ver con la equidad en la educación y la democratización del conocimiento; en este campo las autoridades mucho tienen que hacer en la etapa del postconflicto. Las instituciones del “poder” y del “saber” que no estén a la altura del momento histórico y que no contribuyan a hacer un trabajo oportuno de sensibilización social también colaboran, con su negligencia, a debilitar el tejido social.
Para avanzar con los procesos de Perdón, es necesario garantizar la “reparación integral” a las víctimas; significa que además de la reparación material (bienes, tierras, pertenencias, etc) se necesita la atención psicosocial, educativa y algo fundamental, ayudarles a esclarecer la verdad sobre los hechos violatorios de los derechos humanos. Las víctimas y familiares tienen derecho y necesidad de conocer las circunstancias, las causas y los responsables de los crímenes. En otras palabras, las víctimas tienen derecho a la verdad.
La búsqueda de la verdad permite la reconstrucción del conflicto armado en la región en el ámbito del contexto nacional; contribuye a facilitar más información a las víctimas sobre los hechos ocurridos, a identificar responsables mediante los registros históricos que poco a poco se van elaborando, y a “conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de derechos humanos y memoria histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad” tal como lo manifiesta el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Conocer la verdad ayuda igualmente a “preservar la memoria” de los crímenes, a evitar la repetición de los abusos además de constituirse en una herramienta básica para dos aspectos de suma importancia: Facilitar la reconciliación y obtener el perdón y, exigir al Estado que asuma su responsabilidad frente a los afectados.
PROPONEMOS la creación de un CENTRO DE MEMORIA HISTORICA DE NARIÑO, para nunca olvidar, para evitar la manipulación y/o pérdida de documentos
La preservación de la memoria, según las experiencias nacionales, se la viene adelantando a través de los CENTROS DE MEMORIA HISTORICA. En el Departamento de Nariño (con excepción de Tumaco), no existe un Centro para adelantar investigación sobre la violación de los derechos humanos en las diferentes localidades, a sabiendas de que existen aproximadamente cuatrocientos catorce mil víctimas que reclaman con urgencia el conocimiento de la verdad de esos hechos criminales que degradaron y ofendieron la dignidad de mujeres y hombres de nuestros territorios. Para documentar estos crímenes PROPONEMOS la creación de un CENTRO DE MEMORIA HISTORICA DE NARIÑO, para nunca olvidar, para evitar la manipulación y/o pérdida de documentos. La memoria histórica no puede olvidarse, por el contrario, se tiene que investigar y guardar pues es un aporte significativo a la dignificación de las víctimas y a los procesos de convivencia, democracia y reconciliación.
Considero necesario, plantear esta propuesta a las autoridades departamentales y municipales para que quede incluida en los planes de desarrollo y se conviertan en acciones de inmediato cumplimiento.
1 Parte: La cultura de Paz exige justicia social
