En diferentes comunicaciones y espacios, las universidades públicas hemos venido manifestado nuestras angustias y alertas relacionadas con la situación presupuestal y el problema financiero estructural que año a año se agudiza más.
¿En qué consiste el problema de financiación estructural?
La Ley 30 de 1992 estableció que las transferencias de la Nación a los presupuestos de las universidades públicas se ajustan año a año con base al IPC; mientras que los gastos de funcionamiento e inversión de las mismas aumentan en promedio un 10,69%, es decir, entre 5 y 6 puntos porcentuales por encima del IPC.
Y es que efectivamente los compromisos y gastos de las universidades públicas no son los mismos de hace 25 años, pues las universidades han evolucionado producto de su naturaleza y misión, atendiendo principalmente a las metas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional para este sector y a los referentes nacionales e internacionales.
Si revisamos cómo ha sido el comportamiento de las transferencias de la Nación a los presupuestos de las Universidades Estatales en comparación con el aumento de cobertura estudiantil, encontramos que mientras los estudiantes matriculados en las 32 universidades pasaron de ser 159.218 en el año 1993 a 560.000 en 2015, el aporte anual del Estado promedio por estudiante pasó de $10.825.890 a $4.894.156 en el mismo período.
Fuente: Comisión Vicerrectores Administrativos y Financieros del SUE.
No se puede dejar de mencionar, que entre los aspectos que más presionan el presupuesto, se encuentra el sistema de remuneración establecido para los docentes de las universidades públicas en el Decreto 1279 de 2002, que contempla incentivos sin límite de crecimiento anual, en términos de salario y bonificaciones por productividad académica, investigación, cualificación docente, entre otros; el cual está incrementando la nómina docente en más de tres puntos porcentuales (3%) por encima del IPC. Esta reglamentación expedida por el Gobierno Central con el objeto de impulsar los indicadores en educación superior y el acercamiento a los estándares internacionales, no estuvo acompañada de la respectiva financiación y han sido las Universidades Públicas quienes han venido asumiendo los costos de su aplicación.
Esto sumado, al 1% de aumento salarial acordado por el Gobierno con las organizaciones sindicales de los profesores y centrales obreras, ya representa un incremento en los gastos de personal de más de 4 puntos porcentuales por encima del IPC.
No pueden desconocerse aquí, las necesidades presupuestales que surgen de la evolución de nuestras universidades y la significativa ampliación de cobertura y oferta de programas, pues ello genera una mayor demanda de docentes y personal administrativo, recursos para dotación de aulas, laboratorios especializados, bibliotecas, auditorios, áreas deportivas, entre otros, infraestructura que además debe ser modernizada y fortalecida estructuralmente acorde con las normas establecidas para la prestación de los servicios de educación superior de calidad; incorporación de las TIC en los modelos administrativos y procesos de enseñanza aprendizaje, ampliación de los programas de bienestar para una comunidad universitaria que en un 90% pertenece a los estratos 1, 2 y 3; recursos para formación docente, bilingüismo, entre otros requerimientos, que para atender las metas del sector y las brechas de calidad, se han estimado en $1,4 billones en funcionamiento y $13 billones en inversión.
En resumen… ¿Qué estamos pidiendo las universidades públicas?
Que se garanticen los recursos que fueron incluidos en la Reforma Tributaria para Educación Superior Pública, esto es el 40% del medio punto del IVA establecido en el artículo 184 y el 0,4 asignado originalmente a las IES Públicas de los recursos CREE, hoy Impuesto sobre la Renta y Complementarios definido en el artículo 243.
¿Por qué lo pedimos?
Porque de los recursos del IVA citados se estimaban $400.000 millones anuales para las universidades públicas y nos otorgaron $160.000 en la presente vigencia.
Y de los recursos del CREE, la destinación que correspondía a las universidades públicas para esta vigencia era de $326.788 millones y nos otorgaron $161.000.
Es decir, entre sumas y restas, no llegaron recursos nuevos para el Sistema Universitario Estatal en esta vigencia.
¿Cuál es el problema con el programa Ser Pilo Paga?
Debemos ser enfáticos en que el problema no es con los estudiantes beneficiados de este programa, el problema es que se tomaron los recursos que estaban destinados a financiar la Educación Superior Pública y los destinaron a financiar el Programa Ser Pilo Paga y otros Programas de Créditos Educativos del ICETEX, los cuales benefician en un 90% a las universidades privadas.
Esto a nuestro juicio resulta inconstitucional pues contraría la asignación establecida por el Legislativo, al tomar parte de los recursos destinados a la educación superior pública del país, para financiar matrículas en universidades privadas. Por eso, hemos hecho énfasis en que estos programas deben tener una fuente de financiación distinta.
Finalmente, el Sistema de Universidades Públicas solicita que se revise la estructura de financiamiento de la Educación Superior Pública y se establezca un esquema que considere el crecimiento y la evolución de las Universidades Estatales en casi tres décadas, así como las proyecciones y metas adicionales incluidas para el sector de educación superior; Esto es lo mínimo que merecen las instituciones que a lo largo de su historia han transformado la vida de millones de personas para las que ir a la universidad resultaba impensado por los costos que ello implica, personas cuyas vidas y las de sus familias muy seguramente se han transformado gracias a la educación; a este derecho fundamental que con acciones como las que reclamamos se ve vulnerado y puesto en riesgo.
Luis fernando Gaviria Truhillo
Presidente del Sistema Universitario Estatal
Rector Universidad Tecnológica de Pereira
