Los rectores de las Universidades Públicas, reunidos en la asamblea del Sistema
Universitario Estatal, constatamos la crítica situación financiera que enfrentan las 32
universidades públicas reflejada en un déficit histórico acumulado en funcionamiento de
3.2 billones de pesos y 15 billones de inversión. Además, analizamos el texto propuesto
para primer debate en sesiones conjuntas de las comisiones económicas terceras y
cuartas del Honorable Senado de la República y de la Honorable Cámara de
Representantes, identificado como proyecto de Ley No 052 de 2018 de la Cámara y 059
de 2018 del Senado, por el cual se fija el presupuesto de la nación para el 2019. Una vez
hechas las respectivas deliberaciones frente a estos temas, nos permitimos compartir a
la comunidad universitaria y la opinión pública nacional las siguientes conclusiones y
solicitudes:
1) Solicitamos a los parlamentarios del Congreso de la República la no aprobación del
proyecto de Ley No 052 y 059 de 2018, tal como está concebido en este momento en
virtud de las siguientes razones:
♦ Ante la crisis estructural de financiamiento de las 32 universidades públicas, no se
contemplan incrementos reales para el funcionamiento y la inversión indispensables
para continuar cumpliendo con nuestras labores misionales de investigación, docencia y
proyección social. El proyecto de presupuesto solo contempla el ajuste por concepto del
IPC y los recursos adicionales de 2 billones de pesos previstos para el Ministerio de
Educación Nacional no tienen destinación alguna para las universidades públicas.
♦ Se contempla cerca de 1.97 billones de pesos para calidad y fomento de la Educación
Superior; sin embargo, por información del Ministerio de Educación Nacional, este
monto se distribuirá para los costos operacionales del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, financiación a la demanda de las cohortes del Programa Ser Pilo Paga,
estampilla UN y fomento a la Educación Superior. Es claro que no hay un recurso
concreto adicional que haga base presupuestal de las demás universidades públicas.
2) Es necesario que los recursos contemplados en la ley 1819 de 2016 en materia de
impuesto complementario a la renta, excedentes de cooperativas e IVA social, se destinen
al SUE como fue previsto.
3) Solicitamos al Congreso de la República recursos adicionales para el 2019 por un monto
de 500 mil millones para la viabilidad y sostenibilidad del SUE. Recursos que debieron
haber ingresado en el 2018 a las universidades públicas y terminaron financiando becas
Icetex y el Programa Ser Pilo Paga.
4) Manifestamos nuestro categórico desacuerdo frente la continuidad del Programa Ser
Pilo Paga o su posible reestructuración, ya que ha significado un aumento muy reducido
de la cobertura -calculado en 1,97%-, con un costo muy alto que se estima en 3,5 billones
para financiar a tan sólo 40.000 jóvenes. En contraste para el 2017, las universidades
públicas atendieron 611.800 estudiantes con un aporte de la nación de 2,93 billones. A
todas luces avanzaríamos mucho más en acceso a la educación superior si destináramos
estos recursos para las universidades públicas. Asimismo, se puede señalar que más allá
de financiar la demanda a través de créditos-becas, se trataría en primer lugar de resolver
el tema de la financiación de las universidades públicas para garantizar la atención
de la cobertura en estas entidades orientada especialmente a los estratos 1 y 2 de la
población.
5) Acompañamos, en el marco de la Constitución y las normas, la movilización social que se lleve a cabo por la superación de la crisis de financiación del Sistema Universitario Estatal. Invitamos a participar en el gran Foro Nacional por la Dignidad de la Educación Pública Superior que se realizará el 10 de octubre a las 3 p.m. en el Congreso de la República.
Cartagena, 28 de septiembre del 2018
Consejo de Rectores – SUE
JAIRO MIGUEL TORRES OVIEDO
Presidente del Sistema Universitario Estatal, SUE
