El Consejo Nacional de Rectores del SUE saluda las enormes movilizaciones de la comunidad universitaria del día 10 de octubre de 2018, a lo largo y ancho del país en las que centenares de miles de estudiantes, profesores, empleados, egresados, padres, familiares, indígenas, organizaciones de maestros y organizaciones sociales se manifestaron como una sola voz para defender la Educación Superior Pública. Este es un movimiento a favor de las universidades públicas integrantes del SUE, así como de las instituciones técnicas y tecnológicas y el SENA.
El Sistema Universitario Estatal —SUE— se permite señalar que, en relación con el anuncio de una adición de medio billón de pesos al presupuesto nacional para las universidades públicas, hecha por el Ministerio de Hacienda, encuentra que dicha adición no fue lo que originalmente se solicitó por parte del SUE ante el Congreso de la República en sus comisiones económicas.
Del medio billón anunciado por el Ministerio de Hacienda, $445 mil millones de pesos son recursos destinados al Ministerio de Educación para inversión, gratuidad gradual y programa de excelencia, es decir, es un recurso que no necesariamente llegará a la base presupuestal de las universidades públicas. Y sólo el 11% de esa cifra, es decir, $55 mil millones de pesos harían base presupuestal para las universidades. Hemos sido explícitos en que se requiere, en el corto plazo, la adición de medio billón de pesos para el Sistema Universitario Estatal —SUE— y sus 32 universidades, mediante el mecanismo de transferencia, con base en el Artículo 86 de la Ley 30 de 1992, recursos que se deben girar a las bases presupuestales de las universidades; es decir, se requiere que sean recursos permanentes que permitan sufragar el déficit acumulado para pagar las nóminas de docentes y administrativos, que también son de carácter recurrente, como también otros gastos de funcionamiento tales como vigilancia, aseo, mantenimiento, etc. y financiar los costos de mejoramiento de la calidad. Cabe recordar que las universidades públicas ostentamos los más altos estándares de acreditación institucional, pues 17 de las 32 universidades ya tienen este sello distintivo; pero la calidad cuesta y esto ha afectado de manera creciente las finanzas de nuestras instituciones.
Igualmente, se requieren recursos permanentes para la conectividad, los sistemas de información, la educación virtual y el sostenimiento de la infraestructura educativa de nuestros campus. Nada de eso se resuelve con la anunciada adición presupuestal que, repetimos, es para el Ministerio de Educación, pues éste la podrá usar discrecionalmente incluyendo el giro de recursos hacia el sector privado.
Como lo hemos expresado en las comunicaciones radicadas ante el Congreso de la República y los Ministerios de Educación y Hacienda, los recursos previstos en los artículos 102 y 184 de la Ley 1819 de 2016 que tenían destinación exclusiva para la educación superior pública estimaron un poco más de $1 billón de pesos que las universidades no recibieron en el 2018 y que solicitaron incluir para el 2019.
Es importante señalar que la propuesta del gobierno no establece con claridad los recursos solicitados para cerrar el 2018 sin déficit financiero en varias universidades del SUE. Además, los 500 mil millones solo equivalen al 2.8% de la deuda acumulada con las universidades públicas y son una propuesta temporal. Es necesario construir una política de Estado que fortalezca las universidades públicas.
Hacemos un llamado al Congreso de la República para que, en el debate que se surta hasta la terminación de la aprobación del presupuesto, se vuelva a la idea original, aplaudida unánimemente por los congresistas, que apunta a que estos recursos les sean girados directamente a las universidades públicas que integramos el SUE.
Bogotá, 11 de octubre de 2018
JAIRO MIGUEL TORRES OVIEDO
Presidente del Sistema Universitario Estatal, SUE
Rector Universidad de Córdoba
