El “aprendiz” que gobierna un territorio que no conoce, que le susurran al oído de maldades y enemigos, y sale de cuando en cuando a señalar y dar órdenes como si supiera, como si conociera, recordándonos que no le importa lo que suceda con las comunidades.
23 de Julio de 2019: La Defensoría del Pueblo envía una alerta temprana a la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, donde advierte de la: “inminente situación de riesgo de vulneraciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que enfrentan los 49.178 habitantes del municipio de Samaniego, departamento de Nariño.” Sábado 15 de agosto de 2020: 9 jóvenes son asesinados en Samaniego, Nariño. Domingo 16 de agosto de 2020: El gobierno se pregunta ¿dónde queda Samaniego?
Sábado 22 de agosto de 2020: A través de Twitter, el presidente Iván Duque, lamenta los “HOMICIDIOS COLECTIVOS”.
31 de agosto de 2020: Cerca de 200 personas se ven forzadas a huir desde las veredas La Laguna, Peñas Blancas y Santa Rosa hacia el corregimiento de Madrigal en Policarpa, Nariño, por enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
3 de septiembre de 2020: 4 personas son asesinadas en el municipio de Buesaco, Nariño.
Estos hechos solo son una pequeña muestra de lo que cosecha un país que olvida sus regiones.
Años de abandono estatal vienen a pasar la cuenta y no sorprende a nadie, y nadie está dispuesto a cambiarlo. Sobre la geografía nacional, el conflicto por el mando de los territorios tiene varias manifestaciones, el narcotráfico es apenas una de ellas. Lo que está volviendo a suceder tiene relación con la falta de inversión social y la legitimación de la violencia como forma de ganar autoridad en las zonas apartadas y anuladas de las prioridades gubernamentales.
A este grado de recrudecimiento de la violencia, no hemos llegado solo de la mano de los presidentes y de los grupos armados, estos últimos, ya sin ideologías, están encargados de realizar el trabajo sucio de quien mejor pague. En esta historia también ha sido esencial el papel del Congreso de la República; gran parte de los proyectos de Ley presentados y aprobados por la clase política dirigente en este país que, aunque haya cambiado de nombre sigue representando a la crema y nata elitista, ultraderechista, arribista y violenta, avala políticas de Estado que despojan a las comunidades campesinas, indígenas, afros de todo lo que pueda ser explotado, extraído.
La naturaleza vista como recurso; las comunidades que viven en los territorios, entendidas como obstáculos para los intensivos macro proyectos minero-energéticos o de agricultura y ganadería; los defensores sociales y ambientales fichados públicamente como enemigos de un proyecto económico macabro, que parece no tocarnos a los demás, mientras podamos vivir en la ciudad “segura”, y tener una jornada de trabajo de ocho horas o más, que nos deje lo suficientemente agotados para pensar en esos otros, pero no lo suficiente para dejar de pensar en cómo sobrevivir.
Quizá para quienes piensen en la campaña politizada del plebiscito por la paz, en donde el “NO” ganó en las zonas con menos cifras de conflicto frente a los territorios que más han sufrido la violencia, se pregunten si de verdad un acuerdo podía o no frenar los índices de violencia del país, a aquellos, las cifras oficiales responden ¡SÍ!
Durante el 2019 existió al fin, un decrecimiento en las tasas de homicidio desde 1976. En cambio, hoy es demasiado triste saber que sólo en lo que llevamos durante el año 2020, hemos sido testigos de más de 250 asesinatos de líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de paz. Se han presentado 50 masacres en el territorio colombiano, 8 de ellas en Nariño. (Indepaz, 2020).
15 días después de la masacre de Samaniego, cuatro soldados fueron masacrados en Sardinata, Norte de Santander. Mientras el gobierno insista en la erradicación forzada de los cultivos ilícitos, estas muertes no cesarán.
Causa indignación que cuando habla de soldados, el gobierno sí usa el término masacre. ¿Qué forma es esa de clasificar las muertes?
Ambos hechos fueron masacres porque en ambos casos se violó el derecho internacional humanitario y se asesinó de forma simultánea a varios jóvenes, muchos de ellos en estado de indefensión. En todas las situaciones mencionadas se legitima la violencia, dejando claro que donde el gobierno no llega, la criminalidad sí, y esta, es capaz de establecer relaciones sociales revictimizantes que en la mayor parte de los casos se nutren de la impunidad, el olvido y la repetición.
No hay muertos buenos o malos. Todos los muertos de esta guerra nos duelen, porque son la manifestación de que la violencia sigue siendo el mejor recurso para prolongar el poderío, que esa clase dirigente de ultraderecha mantiene en las zonas apartadas del país, de la mano de los grupos criminales, legales o ilegales.
Todos los muertos de esta guerra nos duelen
Red de Organizaciones Sociales de Nariño
