Primera parte
es necesario Adentrarnos en el pasado y clarificar su etiología para diseñar políticas que pueden contribuir a consolidar la paz
En los días previos al plebiscito la pedagogía sobre lo pactado en la Habana centró su atención en el análisis puntual del Acuerdo olvidando los orígenes, es decir, la historia del conflicto armado en Colombia. Adentrarnos en el pasado y clarificar su etiología nos puede servir no solo para señalar responsables sino para diseñar políticas que pueden contribuir a consolidar la paz.
Los diferentes gobiernos y los partidos políticos tradicionales (liberal y conservador), son responsables, en buena parte, de la violencia en nuestro país. Ubicándonos en los albores del siglo XIX, después de concluir la guerra de independencia surgió un Estado-Nación excluyente y se consolidó una oligarquía elitista y prepotente que copió modelos de constituciones para armar con pedazos una a su real medida, esta casta señorial, fue tejiendo una red clientelar discriminatoria que se tomó el poder en las regiones. Caudillos analfabetas calificaron a Colombia como “Nación Homogénea” desconociendo la diversidad cultural y los derechos ancestrales de los pueblos; ahí empezó a germinar la violencia.
La segunda mitad del siglo en mención, liberales y conservadores, protagonizaron combinando urnas y armas, ocho guerras civiles agenciados, los primeros, por los gobiernos de turno y los segundos por la iglesia. El Obispo Manuel Canuto Restrepo desde Pasto exclamó: “ser liberal es pecado”; esa consigna fue una chispa que incendió al país. El partido conservador aliado a la iglesia derrotó al “Olimpo Radical” y juntos construyeron la constitución más conservadora de nuestra historia, la de 1886; ésta exacerbó la confrontación política bipartidista generando la “Guerra de los Mil Días” entre 1899 y 1902 que produjo la muerte de 250.000 colombianos y el cuasi exterminio del liberalismo.
El monopolio de la tierra en Colombia es un problema estructural que viene desde el período de la conquista y continúa hasta el presente; la lucha por acceder a ella es una aspiración histórica de los que carecen de este medio de producción, por eso, la primera década del siglo XX, los indígenas del Cauca liderados por Manuel Quintín Lame se levantan contra los terratenientes de este departamento y se producen masacres, persecuciones, intimidación, cárcel, violaciones a los derechos humanos, es decir, el movimiento indígena sufrió a manos de los latifundistas caucanos respaldados por las fuerzas militares, la más horrible represión hasta la muerte de sus dirigentes.
Después -década del veinte- sobreviene la “Masacre de las Bananeras” que el gobierno de Abadía Méndez protagonizó para defender los intereses de Estados Unidos y luego la feroz represión que en Bogotá, por orden del ejecutivo, desataron las fuerzas armadas contra los estudiantes que protestaron por estos hechos; ahí, en esas manifestaciones antiimperialistas cayó asesinado el estudiante pastuso Gonzalo Bravo Perez.
Desde comienzos de la década del treinta la confrontación ideológica bipartidista estuvo presente, las reformas de López Pumarejo, la guerra fría como antesala de la segunda guerra mundial, el golpe de Estado de 1944, fueron el “caldo de cultivo” que fue desencadenando poco a poco la brutal violencia que vivió el país entre 1947 a 1957. Fue una década sangrienta provocada por los partidos políticos liberal-conservador; el máximo arrebato de odios políticos se presentó con el vil asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948; de ahí en adelante la tempestad azotó con fiereza las zonas rurales marginales; este fenómeno generó desplazamiento de la población y creó en las principales ciudades verdaderos cinturones de pobreza. Paul Oquist calificó esta situación como un “colapso parcial del Estado”.
Continuará
