Lo deseable es que el actual Consejo Superior nuevamente se ponga del lado de la autonomía y la democracia y apruebe un Estatuto General según el pensar y el sentir de la Asamblea Universitaria
Señores
Consejo Superior Universitario
Universidad de Nariño
Respetados consiliarios:
Quiero, respetuosamente, compartirles unas pequeñas reflexiones personales, no sobre el Estatuto General en concreto sino sobre su contexto histórico. Empezaré por una pequeña historia. El nacimiento del capital, del modo de producción capitalista, consistió en la separación entre el productor directo y sus medios de producción y en consecuencia convirtió en mercancía la capacidad de trabajar del productor. De otra parte, en el capitalismo, los productos toman la forma social de mercancía y cada vez más productos pasan por el mercado: primero algunos objetos materiales, valores de uso, luego la fuerza de trabajo de los proletarios adultos, más tarde en la Revolución Industrial la fuerza de trabajo de los niños y de las mujeres y finalmente, en la era neoliberal, salen al mercado la salud, la educación, etc.
El neoliberalismo no es muy antiguo, es posterior a la crisis de los años setenta del siglo pasado. Una de las diferencias importantes del neoliberalismo con el liberalismo clásico es que mientras este consistía en un mercado libre en el cual competían los capitales personificados –primero como individuos y luego como monopolistas– en el neoliberalismo el capital hace uso del Estado para que garantice el funcionamiento del mercado. Acudo aquí a la definición sintética dada por Foucault:
“¿Qué es… ese neoliberalismo? …para el neoliberalismo, el problema no es para nada saber –como en el liberalismo del siglo XVIII– cómo podía recortarse, disponerse dentro de una sociedad política dada, un espacio libre que sería el del mercado. El problema del neoliberalismo, al contrario, pasa por saber cómo se puede ajustar el ejercicio global del poder político a los principios de una economía de mercado (subrayado mío). En consecuencia, no se trata de liberar un lugar vacío sino de remitir, referir, proyectar en un arte general de gobernar los principios formales de una economía de mercado”[1].
Veamos aquí dos características del neoliberalismo: primera que es de extrema derecha y segunda que nace de la mano de gobiernos fuertes. El primer país que adopta el neoliberalismo es Chile con Pinochet; el economista estadounidense Premio Nobel de Economía Milton Friedman, el principal seguidor de otro Premio Nobel de economía, el austriaco Friederich Hayek –este es considerado el padre del neoliberalismo– viajó personalmente a Chile en 1975 con el fin de asesorar al gobierno en materia de política económica. Luego en la década de los años ochenta el neoliberalismo se fortalece con Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra.
En 1989, Estados Unidos, con los organismos financieros internacionales manejados por ellos, les impuso a todos los países latinoamericanos el llamado Consenso de Washington, consistente en aplicar el neoliberalismo a sus economías. Todo esto en el marco de lo que dieron en llamar la Globalización, consistente en fronteras francas para que pase el capital y muros para impedir el paso a los trabajadores.
Los gobiernos colombianos, neoliberales desde entonces y hasta la fecha, se dedicaron a elaborar una política económica acorde con el Consenso de Washington. Entre los principios de este consenso está la privatización de todo lo que hasta entonces era público, particularmente la educación. Las empresas de servicios públicos se ponen en venta y las universidades se someten a una privatización indirecta.
Los caminos de la privatización indirecta de las universidades son dos: la limitación del presupuesto y la financiación a la demanda. Como el presupuesto asignado a las universidades públicas es limitado, estas se obligan a vender servicios para completar su financiación. La venta de servicios –posgrados, investigaciones y asesorías– obliga a la universidad pública a salir al mercado, pierde la autonomía: solo puede ofrecer lo que se vende. Muchos decanos ya no piensan en la ciencia ni en la responsabilidad con su región sino en cómo presentar proyectos que logren canalizar parte de los recursos financieros de las regalías; frente al proceso de paz, por ejemplo, no se preguntan: ¿cuál es el modelo económico y social más adecuado al tejido de paz territorial? y ¿cómo los investigadores de mi unidad piensan y crean ese modelo? Sino que se preguntan: ¿dónde están los recursos que invierte el gobierno para la paz? y ¿qué proyecto debo presentar para alcanzar parte de esos recursos? Es decir, la universidad pública deja de pensar como lo que es, para pensar como una empresa privada con ánimo de lucro.
El segundo camino de privatización indirecta es la financiación de la demanda. El gobierno, en lugar de financiar la oferta entregando los recursos a la universidad, entrega crédito a los estudiantes para que ellos escojan la universidad que deseen; con esto cumplen dos objetivos: de una parte pone a las instituciones de educación superior a competir por los estudiantes –por supuesto, las universidades cayeron en la trampa y empezaron a ofrecer alternativas atractivas; por ejemplo, ofrecen dos títulos en el mismo tiempo o con un semestre más (dos mercancías por el precio de una)– y, de otra parte, ayuda a los bancos a que abran líneas de crédito para financiar estudiantes, y con ello embargan el ejercicio de su profesión –después de obtener el título empiezan a trabajar para los bancos–.
La Universidad de Nariño en el año 2008, en la Rectoría del profesor Silvio Sánchez, empezó un proceso de resistencia a la política educativa neoliberal del gobierno. Ya con anterioridad, la Udenar había dado una prueba de autonomía y democracia con la elección de Rector. Decidimos continuar por ese camino con una Reforma Universitaria pensada con nuestra propia cabeza y con amplia participación de los estamentos.
En este proceso, hemos obtenido importantes resultados, prueba de los cuales son, en primer lugar, el “Plan de Desarrollo 2008-2020. Construcción participativa” (Acuerdo del CS Nº 108 de 2008). En este plan se encuentra una Misión de la Universidad que expresa la autonomía de pensamiento; ella recoge el paradigma Universidad – Región, no como una invitación a la autarquía, sino como el derecho a pensar el país y el mundo desde el territorio, a la vez que se invita a buscar alternativas de desarrollo para la región. Un segundo producto de la Reforma es el “Proyecto Educativo Institucional”, PEI (Acuerdo del CS Nº 035 de 2013) en el cual se despliega la Misión en la academia –con sus tres componentes: docencia, investigación e interacción social–. Un tercer mérito es el gran número de documentos que en la Reforma hemos escrito y publicado, los cuales indican que se trata de un proceso pensentido.
Ahora está el tema del momento: el Proyecto de Estatuto General. En este caso, esperamos que el Consejo Superior, como lo ha hecho en otras oportunidades, se ponga del lado de la autonomía y la democracia universitarias y no del lado de la política privatizadora del gobierno nacional. En oportunidad anterior el Ministerio de Educación Nacional hizo saber su inconformidad con la elección de Rector, porque era contraria a la Ley 30, pero el Superior en esa oportunidad se puso del lado de la autonomía y la democracia y continuó nombrando Rector con la mayoría de votos obtenidos por un aspirante. Es sabido que al Ministerio tampoco le agrada el proceso de Reforma que lleva a cabo la Universidad de Nariño.
En caso de que el Consejo Superior opte por lo segundo, ¿qué futuro nos espera? Una opción es que los estamentos universitarios se unan alrededor de la Asamblea y hagan respetar sus derechos a la democracia y la autonomía. Otra es que los estamentos, por cansancio, renuncien a sus derechos y con ello la Reforma y la Asamblea queden sepultadas. Ambas opciones son indeseables. La primera porque se rompe la unidad de los estudiantes, los docentes, los trabajadores, la administración y los consejos que ha sido característica de todo el proceso, desde 2008, y la segunda porque sería abrir la puerta para que entre toda la política privatizadora, propia del neoliberalismo. La decisión está en manos del Honorable Consejo Superior.
Por nuestra parte, quienes defendemos el derecho inalienable a pensar con autonomía y libertad, continuaremos como siempre, convencidos de que la democracia y la autonomía de pensamiento constituyen el camino idóneo hacia el tejido de paz territorial en que está empeñada Colombia. Si finalmente saliera un Estatuto General contrario al pensar y al sentir de los estamentos, es decir a la democracia y la autonomía, sería una señal de que la Udenar va en contravía del proceso de paz de Colombia.
Cordialmente,
Julián Sabogal Tamayo
Profesor Titular de Pensamiento Económico y Profesor Emérito de la Udenar
[1] Foucault, M. (2004). Nacimiento de la biopolítica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, pág. 157.
